Después de 20 meses, un tribunal serbio ha emitido una sentencia, pero no contra los responsables del colapso de una estructura, sino contra Andrej Tanko, un activista que se atrevió a denunciar la corrupción relacionada con el incidente. La sentencia ha generado indignación entre defensores de los derechos civiles y observadores internacionales. Tanko fue condenado por cargos que, según sus defensores, son infundados y tienen como objetivo silenciar las voces críticas. Este caso ha puesto de manifiesto la persistente impunidad de los responsables del colapso y la persecución de aquellos que luchan contra la corrupción en Serbia. La falta de rendición de cuentas por el incidente original se ha visto agravada por la criminalización de la denuncia pública. Organizaciones de derechos humanos han criticado duramente la decisión judicial, calificándola de un ataque a la libertad de expresión y al activismo cívico.