El gobierno ha anunciado la supresión de cuatro viceministerios como parte de una reestructuración administrativa. Además, se ha ordenado una auditoría exhaustiva al Ministerio de Igualdad, generando preocupación y debate. Esta medida se produce en un contexto de ajuste presupuestario y búsqueda de eficiencia en la administración pública. La oposición ha criticado la decisión, argumentando que debilita la atención a áreas cruciales. Se anticipa la presentación de denuncias ante los organismos de control, alegando posible detrimento patrimonial y otras irregularidades detectadas. El gobierno defiende la medida como necesaria para optimizar recursos y mejorar la gestión pública. Se espera que los resultados de la auditoría arrojen luz sobre las posibles irregularidades mencionadas.