El Tribunal Supremo de España ha justificado la suspensión del derecho al voto de los recientemente nacionalizados, argumentando un incremento "excepcional" en el censo electoral. Esta justificación alimenta las acusaciones de fraude electoral que la derecha política viene promoviendo. Según el tribunal, este aumento inusual del censo genera “incertidumbre sobre el resultado electoral”, lo que motivó la medida. La decisión se centra en la supuesta dificultad para verificar la identidad y elegibilidad de los nuevos votantes en un plazo tan corto. La controversia surge en el contexto de un debate político polarizado sobre la integridad del proceso electoral en España. La derecha política considera esta medida como una defensa contra posibles manipulaciones, mientras que otros la ven como una limitación del derecho al voto.