El Gobierno de España, con sede en Moncloa, manifiesta su desacuerdo con la resolución del Tribunal Supremo relacionada con la llamada “ley de nietos”, aunque asegura que cumplirá con lo dictaminado. A pesar de esto, expresan dificultades para implementar la exclusión de personas del censo electoral a tan solo un mes y medio de las elecciones generales del 29N. Consideran la situación como de “extraordinaria gravedad” y defienden que el derecho al voto debe ser garantizado, no restringido, en una democracia. Las críticas del Gobierno se centran en las implicaciones de la decisión judicial para el proceso electoral. Se subraya la complejidad logística de realizar los cambios requeridos en el plazo establecido. La resolución del Supremo ha generado debate sobre la elegibilidad de los votantes y el alcance de las decisiones judiciales en materia electoral. El ejecutivo se compromete a analizar las opciones para cumplir lo ordenado pero manteniendo la garantía del derecho fundamental al sufragio.