El gobierno español ha revertido su postura inicial y autorizará la reubicación de 500 niños migrantes que se encuentran en Ceuta hacia la península ibérica. Esta decisión se produce tras la llegada masiva de aproximadamente 70,000 personas a la ciudad autónoma el 30 de julio. Si bien la mayoría de los inmigrantes han regresado a Marruecos, la ley española obliga al Estado a proteger a los menores no acompañados hasta que alcancen la mayoría de edad. La medida responde a esta obligación legal y busca garantizar el bienestar de estos jóvenes. Inicialmente, se había planteado el retorno inmediato de todos los inmigrantes que ingresaron de manera irregular. Este cambio de política marca un punto de inflexión en la gestión de la crisis migratoria en Ceuta. El gobierno central asume así la responsabilidad del cuidado de estos menores vulnerables.