La distribución de menores no acompañados continúa generando conflicto entre las comunidades autónomas españolas. Madrid ha solicitado formalmente la devolución de los menores que fueron trasladados a otras regiones, mientras que Extremadura se opone a esta medida y Navarra defiende la necesidad de "solidaridad" en la acogida. Galicia se muestra resignada, asumiendo que deberá acoger a estos menores. Castilla-La Mancha también se ha pronunciado a favor de la colaboración y la solidaridad entre las comunidades. Esta disputa evidencia la falta de un acuerdo nacional sobre cómo gestionar la llegada y el cuidado de los jóvenes migrantes sin familia en España. La situación plantea serias interrogantes sobre la responsabilidad y la coordinación entre los distintos gobiernos regionales.