Una reciente decisión judicial en España ha generado controversia al restringir el derecho al voto a los ciudadanos nacionalizados a través de la “ley de nietos”, específicamente aquellos registrados en el Registro de Extranjeros (CERA). El caso ha afectado a familias como la de las hermanas Pérez, cuyas raíces se remontan a un abuelo emigrado a Cuba. Mabel Pérez no podrá votar debido a su inscripción en el CERA, mientras que su hermana Lourdes sí mantiene el derecho al sufragio al residir en Sevilla. Esta disparidad ha levantado críticas sobre la equidad y la aplicación de la ley de nacionalidad. La situación pone de manifiesto las complejidades que surgen en torno al derecho al voto para descendientes de emigrantes que han adquirido la nacionalidad española. La resolución del tribunal divide los derechos entre miembros de una misma familia, creando una situación de desigualdad. El debate se centra en si la residencia en España debería ser el único criterio determinante para ejercer el derecho al voto.