El Gobierno de España está considerando una propuesta para extender la prohibición de desahucios para personas vulnerables hasta 2028. Esta medida se presenta en un borrador aún en discusión con sus socios de gobierno. Adicionalmente, se plantea una prórroga de dos años a las regulaciones actuales sobre los alquileres. La propuesta también incluye limitar las actualizaciones de los contratos de alquiler a un máximo del 2%. Se está contemplando, además, la posibilidad de ofrecer beneficios fiscales a los inquilinos que residan en zonas consideradas “tensionadas”, a través de bonificaciones en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). El objetivo principal es aliviar la carga económica de la vivienda para los sectores más necesitados y estabilizar el mercado de alquiler en España. La medida busca mitigar los efectos de la crisis habitacional en el país.