El exdiputado Roman Michelko llegó a un acuerdo con un exempleado de la policía que lo había demandado por difamación. El policía demandó a Michelko por acusarlo falsamente de ser un criminal y de haber comprometido la investigación del asesinato de Daniel Tupý. Antes de que el tribunal emitiera un fallo, Michelko propuso un acuerdo para evitar un juicio prolongado. Como parte del acuerdo, Michelko pagará al exempleado de policía 10.000 euros por las declaraciones consideradas falsas y perjudiciales. Este acuerdo pone fin al litigio y evita una mayor exposición pública del caso. La situación demuestra las posibles consecuencias legales de las acusaciones públicas infundadas.