El ministro de inversiones eslovaco, Peter Migaľ, enfrenta acusaciones por la adjudicación de contratos públicos a empresas poco conocidas y con escasa trayectoria. Las investigaciones se centran en subvenciones por valor de 18 millones de euros, provenientes del plan de recuperación post-pandemia, destinadas a proyectos de investigación y transformación digital. Se cuestiona la falta de transparencia en la selección de estas compañías, consideradas por la oposición como “garajes” o empresas virtuales. Migaľ defiende la asignación de fondos priorizando los resultados de los proyectos sobre el perfil de las empresas beneficiarias. La exministra de inversiones y actual diputada opositora, Veronika Remišová, ha denunciado las irregularidades y exige una investigación exhaustiva. La polémica se centra en la posible falta de control en el destino de los fondos públicos y la opacidad en los procesos de contratación.