Una petición con casi ocho mil firmas exige la suspensión de las confiscaciones basadas en los Decretos de Beneš y la compensación por los perjuicios de la década de 1940. La iniciativa fue impulsada por el abogado János Fiala-Butora, el político Örs Orosz y el activista Attila Stubendek, en respuesta a una enmienda al Código Penal que penaliza la impugnación de dichos decretos. Los firmantes argumentan que la posibilidad de cuestionar la propiedad incluso después de 80 años socava los fundamentos de la seguridad jurídica. La petición ha sido dirigida al Presidente de la República, al Parlamento y al Gobierno. La enmienda penaliza la negación, cuestionamiento o distorsión de la justificación de los Decretos de Beneš, generando preocupación sobre la libertad de expresión y el derecho a la propiedad. El debate se centra en la interpretación histórica y las consecuencias legales de estos decretos post-Segunda Guerra Mundial.