El gobierno eslovaco, liderado por Robert Fico, se ha visto obligado a solicitar la confianza del parlamento tras una decisión del Tribunal Constitucional. Esta acción responde a una omisión prolongada de la coalición gobernante de cumplir con la obligación establecida por la ley de responsabilidad presupuestaria. El Tribunal dictaminó que el gobierno debe buscar inmediatamente el voto de confianza. Fico también enfrenta dificultades para modificar la ley constitucional relacionada, al parecer sin el apoyo parlamentario necesario. La situación surge en un contexto de tensiones sobre la gestión presupuestaria y el cumplimiento de las normas constitucionales. El primer ministro Fico ha afirmado que la ley de responsabilidad presupuestaria es respetada, pero debe preparar un presupuesto equilibrado. La decisión judicial pone de manifiesto un control institucional sobre las acciones del ejecutivo.