El fiscal serbio Radovan Lazić ha calificado el caso conocido como "cañón de sonido" como un ejemplo flagrante de manipulación del sistema judicial con fines políticos. Lazić argumenta que el uso del poder fiscal en este caso representa un abuso de poder sin precedentes. El caso gira en torno a grabaciones de audio cuya autenticidad y legalidad son cuestionadas. Lazić enfatizó que un informe del FSB ruso no puede ser admitido como evidencia válida en los procedimientos judiciales serbios. Esta declaración se produce en un contexto de controversia sobre la influencia política en el sistema judicial serbio. El fiscal insiste en la necesidad de proteger la independencia del poder judicial y evitar su instrumentalización para fines partidistas. La situación plantea interrogantes sobre la transparencia y la imparcialidad en la investigación del caso.