La organización Socio-Economic Rights and Accountability Project (SERAP) ha dado un ultimátum de siete días al presidente del Senado, Godswill Akpabio, y al presidente de la Cámara de Representantes, Tajudeen Abbas. SERAP exige que los legisladores devuelvan a las arcas públicas los 110 mil millones de nairas (N) gastados en vehículos de lujo y asignaciones consideradas ilegales. La organización busca que se restituyan todos los fondos, asignaciones y beneficios derivados de esta adquisición. SERAP argumenta que el gasto es injustificado y perjudicial para el bienestar público. La solicitud se basa en la necesidad de transparencia y rendición de cuentas en el uso de los recursos públicos. La organización ha amenazado con emprender acciones legales si no se cumple con su petición en el plazo establecido. El caso ha generado debate sobre la gestión de los fondos públicos en Nigeria.