El Consejo Constitucional de Senegal ha invalidado una revisión constitucional propuesta por la mayoría parlamentaria, evitando así su propia desaparición. La reforma habría reemplazado al Consejo con un Tribunal Constitucional, alterando significativamente su composición y el proceso de nombramiento de sus miembros. Bajo la nueva estructura, el presidente tendría mayor control sobre las designaciones, mientras que los miembros actuales del Consejo no tendrían garantía de ser reelegidos. Esta situación planteó un conflicto de intereses, ya que los jueces debían decidir sobre una reforma que implicaba el fin de su institución y sus cargos. Analistas lo describen como una forma de “hara-kiri institucional” si hubieran aprobado su propia disolución. La decisión del Consejo subraya la preocupación por la independencia judicial y el equilibrio de poderes en Senegal.