El diputado y exministro Thierno Alassane Sall ha reaccionado a una nueva denuncia judicial en su contra, presentada por la empresa AEE POWER EPC, relacionada con un controvertido contrato público por valor de 37 mil millones de francos CFA. Sall acusa a actores involucrados en el caso de haber utilizado fondos públicos para pagar honorarios de abogados en el extranjero, específicamente en Costa de Marfil y otros países. Denuncia lo que describe como maniobras para beneficiarse de fondos que considera “desaparecidos”. Según el diputado, AEE POWER EPC no está respondiendo a las investigaciones de la justicia española, donde también se investiga parte del caso. Sall critica la aparente incoherencia judicial, argumentando que se le persigue a él mientras las responsabilidades principales en el caso no han sido completamente esclarecidas. Además, destaca las difíciles condiciones de vida de la población afectada por la falta de electricidad debido a este proyecto. El diputado insta a la justicia senegalesa a agilizar el proceso para resolver el caso.