El Congreso aprobó un dictamen que establece un régimen de justicia interno para policías y militares, excluyéndolos de la competencia de los tribunales ordinarios. La nueva normativa define delitos de función específicos para estos grupos y ordena el archivo de investigaciones en curso en la justicia civil si ya existen procesos en los fueros militares y policiales. La aprobación se concretó con 52 votos a favor, generando debate sobre la independencia judicial y el acceso a la justicia para posibles víctimas de abusos por parte de las fuerzas de seguridad. La medida busca agilizar los procesos disciplinarios internos, pero críticos advierten sobre la posible impunidad. Se argumenta que la justicia ordinaria no está preparada para juzgar delitos específicos relacionados con el ejercicio de la función policial y militar. La oposición ha manifestado su preocupación por la falta de transparencia y control en los fueros internos. El dictamen ahora pasará al Ejecutivo para su promulgación.