El gobierno ruso, bajo la presidencia de Vladimir Putin, ha convertido en delito la publicación de estudios relacionados con la contaminación ambiental. Científicos rusos enfrentan ahora el riesgo de ser acusados de espionaje o traición si comparten hallazgos, datos o resultados de investigaciones con colegas extranjeros. Esta medida dificulta severamente la colaboración científica internacional, un pilar fundamental de la actividad investigadora. La situación ha generado un clima de temor entre la comunidad científica rusa, limitando el intercambio de información crucial para comprender y abordar los problemas ambientales. La normativa actual considera sospechosas las prácticas estándar de intercambio de datos en el ámbito científico. Esta política representa un obstáculo significativo para el avance de la ciencia y la protección del medio ambiente en Rusia.