Rusia lanzó un ataque con 681 armas contra Kyiv, impactando un antiguo monasterio de gran valor histórico y cultural. La jefa de política exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas, calificó el ataque a la Lavra como un crimen de guerra. En respuesta, la UE anunció un nuevo paquete de sanciones dirigidas a 34 individuos y 47 entidades. Estas sanciones incluyen a dos proveedores chinos de componentes para drones. El ataque representa una escalada en el conflicto y un daño al patrimonio cultural ucraniano. La UE busca aumentar la presión sobre Rusia a través de medidas restrictivas. La acción contra los proveedores de drones busca interrumpir el suministro de tecnología utilizada en la guerra.