El gobierno rumano, liderado por Ilie Bolojan, está tomando medidas para garantizar la recepción completa de 770 millones de euros del Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia (PNRR), fondos vinculados a un nuevo hito legislativo de integridad. Estas acciones responden a preocupaciones surgidas tanto a nivel europeo como en la sociedad rumana respecto al cumplimiento de los principios del derecho europeo por parte de la nueva ley de la Agencia Nacional de Integridad (ANI). Según el gobierno, Bolojan y Oana Țoiu solicitaron a la Comisión Europea acelerar la verificación del llamado “amendamiento Fritz”. No se ofrecieron “sugerencias de recorte” a los fondos PNRR. El objetivo principal es asegurar que Rumanía reciba la totalidad de los fondos asignados a este hito. La situación surge tras dudas sobre la adecuación de la nueva legislación a las normativas europeas.