El Consejo de la Competencia ha impuesto una multa récord de 3.730 millones de lei a diez entidades bancarias por coordinar la fijación del índice ROBOR. A pesar de esta sanción, la economista Calu Monica advierte que esto no garantiza una victoria automática para los clientes que demanden a los bancos. Aunque la medida representa un golpe severo a la imagen del sistema bancario, el proceso judicial para los afectados sigue siendo complejo. Los demandantes deben demostrar el perjuicio individual y la relación directa con la manipulación del índice. Existe el riesgo de que los tribunales no vinculen la multa administrativa con la compensación económica a los usuarios. Por ello, se recomienda cautela al interpretar la sanción como un precedente legal definitivo. El caso subraya la tensión actual entre los consumidores hipotecarios y las instituciones financieras en Rumanía.