Reducir los recursos destinados a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en Colombia durante su etapa crucial de reconocimiento de verdad y aplicación de sanciones pone en riesgo los derechos de las víctimas. Esta situación es particularmente preocupante en el contexto del Macrocaso 11. La Silla Vacía advierte que debilitar a la JEP en este momento podría obstaculizar el proceso de justicia transicional. Se enfatiza la importancia de garantizar los recursos necesarios para que la JEP pueda cumplir con su mandato de investigar y sancionar los crímenes cometidos durante el conflicto armado. La falta de financiamiento adecuado podría afectar la capacidad de la JEP para brindar reparaciones a las víctimas y establecer la verdad sobre los hechos ocurridos. El recorte presupuestario representa una amenaza a los avances logrados en la búsqueda de justicia y reconciliación en Colombia.