La jefa de servicio, Walson-Jack, admitió ante un comité que su oficina se basó en documentos falsos para otorgar una exención de contratación a una agencia supuesta. Esta exención incluía la autorización de puestos de trabajo y la contratación de personal. La admisión se produce en el contexto de un escándalo relacionado con la agencia fraudulenta. Walson-Jack reconoció un fallo en la debida diligencia al no verificar la autenticidad de los documentos presentados. La situación plantea serias dudas sobre los procesos de contratación y control en la administración pública. Se investigan las responsabilidades y posibles consecuencias de este error. El caso ha generado preocupación sobre la integridad de los procesos gubernamentales.