Una suspensión federal de nuevos registros para el transporte público ha generado desacuerdo entre las provincias canadienses. Las autoridades provinciales se muestran divididas sobre la aplicación de esta medida, mientras que los operadores del sector expresan su preocupación y solicitan información clara sobre la duración de la restricción. La congelación afecta la capacidad de expansión de los servicios de transporte público en todo el país. No se han especificado públicamente las razones detrás de la suspensión, lo que aumenta la incertidumbre. Las provincias buscan una resolución rápida para evitar interrupciones en la planificación y desarrollo de sus sistemas de transporte. El gobierno federal aún no ha proporcionado un cronograma para levantar la restricción, lo que agrava la tensión con las provincias.