A pesar de la prohibición del Tribunal Supremo sobre los fondos de desarrollo de circunscripción, varias provincias de Nepal continúan asignando miles de millones de rupias a proyectos recomendados por los miembros de las asambleas provinciales. Las provincias de Bagmati y Karnali se encuentran entre las que persisten en esta práctica, generando dudas sobre el cumplimiento de la decisión judicial. El Tribunal Supremo había dictaminado previamente en contra de la asignación de fondos a los legisladores para proyectos locales, considerados una forma de clientelismo político. Estas asignaciones continúan a través de mecanismos similares, aunque con nombres diferentes, desafiando la intención de la corte. La continuidad de estos fondos plantea interrogantes sobre la independencia del poder legislativo provincial y su respeto por el estado de derecho. La práctica levanta preocupaciones sobre la transparencia y la rendición de cuentas en el uso de los recursos públicos. Se desconoce por el momento si el gobierno central tomará medidas para asegurar el cumplimiento de la orden judicial.