La búsqueda de eficiencias económicas en el sector sanitario, cuando los financiadores también son proveedores de atención, genera un conflicto de intereses preocupante. Esta dinámica desvía la atención de la calidad asistencial hacia el control de costos, priorizando las ganancias financieras sobre las necesidades de los pacientes. La inversión privada en sanidad, sin una regulación adecuada, puede comprometer la ética médica y la seguridad del paciente. Se observa una tendencia a priorizar los resultados económicos en detrimento de la atención integral y personalizada. Este enfoque pone en riesgo la confianza de los pacientes en el sistema de salud. Es crucial establecer mecanismos transparentes que garanticen que los intereses de los pacientes prevalezcan sobre los intereses comerciales.