Un grupo de organizaciones ha solicitado al gobierno la retirada de un proyecto de ley que modifica la Ley de Prisiones. La enmienda busca eximir de responsabilidad legal a los funcionarios de prisiones por acciones realizadas de buena fe y siguiendo órdenes autorizadas. Los críticos argumentan que la medida podría generar impunidad y socavar la rendición de cuentas dentro del sistema penitenciario. Consideran que la protección a los funcionarios no debe ser absoluta y debe equilibrarse con los derechos de los internos. El debate se centra en la necesidad de garantizar la seguridad tanto del personal penitenciario como de la población reclusa, evitando abusos de poder. La propuesta ha generado preocupación entre defensores de los derechos humanos y organizaciones que trabajan con el sistema de justicia penal. Se espera que el gobierno responda a las demandas de los grupos opositores en los próximos días.