El Tribunal Superior dictaminó que el Primer Ministro no está obligado a testificar en una demanda de 30 millones de ringgit. La decisión se basa en que el tribunal considera que el Primer Ministro no es un testigo clave o material en el caso. La citación que le obligaba a declarar fue anulada por esta razón. El tribunal determinó que su testimonio no sería relevante para el resultado del litigio. La demanda original involucra una disputa financiera de considerable magnitud. Esta resolución evita la necesidad de que el Primer Ministro dedique tiempo a un proceso judicial en esta etapa. La decisión judicial ha generado debate sobre la independencia del poder judicial y la rendición de cuentas de los altos cargos.