La Presidencia calificó el escándalo en torno al PFIPC como una “estafa total”, alegando la existencia de una carta de nombramiento falsificada y errores procedimentales. Esta declaración surge tras la investigación del caso y busca desvincular al gobierno de cualquier irregularidad. Se acusa a individuos no identificados de haber creado el fraude para obtener beneficios ilegítimos. Las autoridades aseguran que se están tomando medidas para identificar y procesar a los responsables. El documento falso es central en la investigación, que busca esclarecer el alcance de la estafa y sus implicaciones. La Presidencia reafirma su compromiso con la transparencia y la legalidad en todas sus acciones. Se insta a la población a no difundir información no verificada sobre el caso.