Manifestantes, víctimas de prácticas crediticias abusivas, han establecido tres demandas clave para considerar un acuerdo con las entidades financieras. Estas incluyen la anulación formal de documentos de préstamos considerados fraudulentos, que consideran la base de su perjuicio económico. Además, exigen el reconocimiento oficial del delito de préstamo abusivo por parte de las autoridades competentes. Como tercera condición, demandan un compromiso escrito de promulgar una legislación más robusta para prevenir futuras estafas y proteger a los consumidores vulnerables. Los manifestantes buscan asegurar que no se repitan estas prácticas ilegales y obtener justicia por los daños sufridos. La firmeza en sus peticiones indica una disposición a continuar las protestas hasta que sus demandas sean atendidas. La resolución de este conflicto dependerá de la respuesta de las instituciones financieras y legislativas.