Un fallo emitido por un magistrado en San Antonio, Argentina, que autorizó el cambio de sexo registral de un niño de 10 años, ha generado un intenso debate legal y ético. Rosario Corvalán argumenta que la decisión judicial excede los límites establecidos por la Ley de Identidad de Género, la cual fija los 14 años como la edad mínima para realizar este tipo de modificaciones. La columna de Corvalán subraya la importancia de la separación de poderes y el rol de los jueces como intérpretes, no creadores, de la ley. Se plantea la preocupación de que la creación de normas judiciales distintas a las legisladas pueda socavar el estado de derecho. El caso específico en San Antonio pone de manifiesto la tensión entre la protección de los derechos individuales y la necesidad de respetar el marco legal vigente. La discusión se centra en si el magistrado actuó con la debida prudencia y dentro de sus competencias al tomar esta decisión.