El gobierno defiende la necesidad de adquirir fragatas para modernizar las Fuerzas Armadas y alcanzar el objetivo de invertir el 2% del PIB en Defensa. La transacción ha generado debate, especialmente en relación con su justificación y costo-efectividad. Una empresa portuguesa involucrada en el proceso afirma haber tenido un papel importante, sin embargo, no solicita compensación económica al Estado. Esta postura inusual ha suscitado interrogantes sobre las motivaciones detrás de su participación. La adquisición de estas fragatas se enmarca en una estrategia más amplia de fortalecimiento de la capacidad defensiva del país. El gobierno busca equilibrar las inversiones en diferentes áreas de las Fuerzas Armadas para garantizar una defensa integral. La transparencia en el proceso de adquisición y el uso adecuado de los recursos públicos son aspectos considerados prioritarios.