El gobierno ha instruido a los ministerios e instituciones estatales para que apliquen de forma inmediata la nueva edad de jubilación obligatoria para funcionarios y agentes públicos, establecida en 65 años. Esta medida eleva la edad de jubilación desde los anteriores 60 años. La modificación se basa en una alteración del Estatuto General de Funcionarios y Agentes del Estado, aprobada por la Asamblea de la República. La decisión busca adaptar el sistema de pensiones a los desafíos demográficos y financieros actuales. Se espera que esta reforma tenga un impacto significativo en la planificación de la carrera profesional de los empleados públicos. La implementación será efectiva sin demora, marcando un cambio importante en las políticas de recursos humanos del Estado. El objetivo principal es garantizar la sostenibilidad a largo plazo del sistema de pensiones estatal.