El gobierno ha implementado una nueva medida que exige a jóvenes con discapacidad y cáncer realizar trabajos sociales para acceder a beneficios. Esta política, con un costo estimado de hasta 40 millones de euros, establece que solo aquellos con una incapacidad igual o superior al 80% estarán exentos. La justificación oficial indica que cada caso deberá ser evaluado individualmente. La medida ha generado controversia, ya que críticos argumentan que impone una carga adicional a personas ya vulnerables. El gobierno defiende la iniciativa como una forma de promover la inclusión y la participación social. Se espera que la implementación de esta política sea monitoreada de cerca para evaluar su impacto real en los beneficiarios. La evaluación "caso por caso" busca determinar la capacidad de cada individuo para realizar las tareas asignadas.