Portugal y España han rechazado formalmente las solicitudes de la Unión Europea para adaptar sus redes ferroviarias al estándar de vía europea. A pesar de la presión de Bruselas, ambos países mantienen su histórica vía ancha ibérica. Esta decisión implica que los trenes transfronterizos deberán seguir realizando cambios de bogies en la frontera entre ambos países y el resto de Europa, generando costos y retrasos. Los gobiernos argumentan que la adaptación representaría una inversión económica inmensa y disruptiva, sin beneficios claros a corto plazo. La infraestructura actual es extensa y funcional para las necesidades internas de ambos países. Esta postura subraya la resistencia ibérica a uniformar sus sistemas con los del resto de la Unión Europea en este ámbito específico. La situación podría generar tensiones con la Comisión Europea, que busca una mayor interoperabilidad ferroviaria en el continente.