La fiscalía ha suspendido la orden para registrar los teléfonos móviles de los investigadores que trabajan en casos de corrupción. La decisión se tomó tras una advertencia sobre el riesgo de que la revisión de los dispositivos se convirtiera en una “pesca indiscriminada” de información. El fiscal consideró que la búsqueda inicial carecía de justificación suficiente y podría vulnerar la privacidad de los agentes. Los dispositivos ya habían sido incautados, pero ahora deberán ser devueltos a sus propietarios. Este caso ha generado debate sobre los límites de la investigación y la protección de los derechos de los investigadores. La fiscalía argumenta que la medida busca garantizar un proceso investigativo justo y respetuoso con la ley. Se espera que se reevalúe la solicitud de allanamiento con criterios más específicos.