Un alto cargo de la policía metropolitana de Londres admitió que la vida de Sheryl Wilkins, segunda víctima fatal de Simon Levy, podría haberse salvado. Levy era un agresor sexual registrado y la policía es acusada de no tomar las medidas necesarias tras sus primeras condenas. La admisión se produce en el contexto de una investigación sobre las fallas policiales que permitieron a Levy continuar atacando a mujeres. Se investiga si la falta de supervisión adecuada y la comunicación entre fuerzas policiales contribuyeron a la trágica muerte de Wilkins y a otras agresiones. Esta revelación ha generado indignación y preguntas sobre la protección de las mujeres y la gestión de agresores sexuales condenados. La policía se enfrenta ahora a un escrutinio intenso sobre sus protocolos y recursos destinados a prevenir la reincidencia de estos delincuentes.