La falta de una investigación penal formal, a pesar de las recomendaciones, ha generado interrogantes sobre la permanencia en el cargo de un oficial de policía acusado. Se cuestiona por qué, seis meses después de un importante caso de narcotráfico que ameritaba tanto un expediente disciplinario como una denuncia penal inmediata, no se ha iniciado un proceso judicial regular. La demora levanta sospechas sobre las razones que permiten al oficial mantener su puesto, a pesar de la gravedad de las acusaciones. Se esperaba una respuesta judicial rápida y contundente dada la magnitud del caso. La ausencia de acciones legales formales ha provocado críticas y exige transparencia en la investigación. La situación plantea dudas sobre la independencia y la eficacia del sistema judicial en este caso específico.