La ley antiterrorista, promulgada hace seis años, está siendo objeto de revisión debido a su impacto en los derechos civiles. Desde su implementación el 3 de julio, se han reportado 256 casos de individuos afectados por la legislación. Críticos argumentan que la ley ha sido utilizada para reprimir la disidencia y limitar las libertades fundamentales. Organizaciones de derechos humanos exigen su derogación, calificándola de demasiado amplia y susceptible de abuso. Los defensores de la ley sostienen que es una herramienta necesaria para proteger la seguridad nacional. El debate sobre su efectividad y el costo en libertades individuales continúa polarizando a la sociedad. Se están considerando posibles reformas para equilibrar la seguridad con la protección de los derechos fundamentales.