La Defensoría del Pueblo de Perú ha manifestado su conformidad con la reciente decisión del Tribunal Constitucional que anula la orden de prisión preventiva contra Vladimir Cerrón. Consideran que el fallo se ajusta estrictamente a la ley vigente. Esta declaración surge en un contexto de debate político y acusaciones de persecución contra el ex líder de Perú Libre. Josué Gutiérrez, citado en relación al caso, ha abogado por la fuga en situaciones de condena percibida como injusta y motivada por persecución política. El defensor del Pueblo no se pronuncia directamente sobre esta opinión, pero sí respalda la legalidad de la liberación de Cerrón. La decisión del Tribunal Constitucional busca garantizar el debido proceso y el respeto a los derechos constitucionales del detenido. Este caso reaviva la discusión sobre la politización de la justicia en Perú.