El magistrado del Tribunal Constitucional (TC) ha rechazado rotundamente la idea de un “derecho a la resistencia” frente a las decisiones judiciales, especialmente tras el reciente fallo sobre Vladimir Cerrón. Según el magistrado, justificar la desobediencia a una sentencia judicial socavaría los cimientos del sistema democrático constitucional. Esta postura implica que la resistencia a las decisiones del TC, o de cualquier poder judicial, no puede ser considerada legítima dentro del marco legal peruano. El magistrado enfatizó que el respeto a las resoluciones judiciales es fundamental para mantener la estabilidad institucional y el estado de derecho. La declaración busca clarificar que la vía legal es la única aceptable para expresar desacuerdo con las sentencias. Se busca así evitar cualquier interpretación que pueda fomentar la confrontación o la ruptura del orden constitucional. El fallo sobre Cerrón, según el TC, no justifica acciones fuera del marco legal.