Una jubilada con discapacidad severa ha perdido un litigio judicial y se enfrenta al desahucio de su vivienda. El tribunal determinó que el alquiler que pagaba, 51 euros superior al máximo legalmente permitido, constituye la base para la resolución. La mujer, cuya identidad no ha sido revelada, había intentado defender su derecho a permanecer en la vivienda, argumentando su situación de vulnerabilidad. Sin embargo, el juez falló a favor del propietario, basándose estrictamente en el incumplimiento de la normativa sobre alquileres. La sentencia ha generado debate sobre la aplicación inflexible de la ley en casos de personas con dificultades económicas y de salud. Se desconoce por el momento si la jubilada recurrirá la decisión judicial. El caso pone de manifiesto las dificultades que enfrentan las personas mayores con ingresos fijos en el mercado inmobiliario.