Asociaciones de padres de familia en Portugal están considerando emprender acciones legales contra el Estado debido a la gestión deficiente de los exámenes nacionales. La principal crítica se centra en la falta de una organización adecuada que perjudicó a los estudiantes. El presidente del Colegio de Abogados portugués ha declarado que la responsabilidad recae en el Estado, argumentando que este falló en su deber de garantizar la igualdad de condiciones para todos los alumnos. Sugiere al gobierno que revise y ajuste el calendario de exámenes para rectificar las desigualdades. La posible demanda busca una compensación por los perjuicios causados y una mejora en la organización de futuras evaluaciones. Se espera que esta situación genere un debate sobre la responsabilidad estatal en la educación y la necesidad de proteger los derechos de los estudiantes. El gobierno aún no ha emitido una respuesta oficial sobre las posibles acciones legales.