Un análisis de registros judiciales y expedientes antiterroristas en Pakistán revela una marcada disparidad en el tratamiento de la disidencia civil. Los partidos políticos tradicionales, grupos de derecha y organizaciones religiosas extremistas han sido consistentemente invitados a negociar o reintegrados a la vida política tras enfrentamientos con el Estado. En contraste, movimientos sociales de base y grupos marginados políticamente se enfrentan a represión, procesos penales y acusaciones de amenazar la seguridad nacional. Esta doble vara demuestra un enfoque selectivo del gobierno paquistaní hacia la disidencia. La investigación pone de manifiesto cómo las élites políticas y religiosas gozan de impunidad mientras que las protestas de base son criminalizadas. Esta práctica plantea interrogantes sobre la equidad y la protección de los derechos civiles en Pakistán. El estudio subraya la necesidad de una revisión de las políticas estatales con respecto a la gestión de la disidencia y el respeto al derecho a la protesta pacífica.