Las recientes inundaciones han paralizado la capacidad de los gobiernos locales para liderar las operaciones de rescate y ayuda, a pesar de que la constitución les asigna el rol principal en emergencias. Los consejos populares, que deberían ser la primera línea de respuesta, se han visto desbordados por la magnitud de la catástrofe. Esta situación pone de manifiesto una grave vulnerabilidad en el sistema de gestión de desastres del país. La falta de recursos, infraestructura dañada y personal insuficiente han impedido a las autoridades locales coordinar eficazmente la asistencia a los damnificados. La crisis resalta la necesidad de fortalecer las capacidades de los gobiernos locales y mejorar la preparación ante futuros eventos climáticos extremos. Se cuestiona ahora la efectividad del modelo actual de respuesta a emergencias a nivel comunitario. La población afectada se encuentra a la espera de ayuda estatal y de organizaciones no gubernamentales.