El gobierno pakistaní ha presentado un presupuesto con un alivio limitado para la población, en un contexto de severa crisis económica. Las medidas fiscales impactan desproporcionadamente a la clase media, que deberá asumir la mayor parte del ajuste. El presupuesto incluye aumentos salariales para funcionarios públicos, pero no se traducen en beneficios significativos para la mayoría de los ciudadanos. Expertos señalan que el gobierno prioriza el cumplimiento de las exigencias del Fondo Monetario Internacional (FMI) por encima del alivio social. La inflación persistente y la devaluación de la rupia paquistaní agravan la situación económica general. Se prevé un crecimiento económico modesto, insuficiente para compensar el aumento del costo de vida. La oposición critica el presupuesto, calificándolo de insensible a las necesidades de la población.