El gobierno húngaro deberá reembolsar una suma significativa, incluyendo intereses, por un impuesto al dióxido de carbono previamente declarado ilegal por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Este impuesto, implementado por la administración anterior, generó ingresos sustanciales, estimados en cientos de miles de millones de forintos. La actual administración, liderada por Tisza, es ahora responsable de la restitución de estos fondos. La decisión judicial europea invalida la legalidad del impuesto sobre las emisiones de carbono. Se espera que el reembolso represente una carga financiera considerable para el erario público húngaro. El caso destaca las consecuencias de las políticas fiscales que no cumplen con la normativa de la Unión Europea. La controversia se centra en un impuesto que, aunque lucrativo a corto plazo, ha resultado ser insostenible a largo plazo debido a su incompatibilidad con las leyes comunitarias.