El Defensor del Pueblo, Jesus Crispin Remulla, expresó su preocupación por la decisión de los tribunales de conceder fianza a funcionarios públicos condenados mientras se revisan sus apelaciones. Remulla argumenta que, una vez declarados culpables, estos individuos deberían comenzar a cumplir sus sentencias de inmediato. Considera que la práctica actual socava la confianza pública en el sistema de justicia. Su declaración surge en un contexto de debate sobre la impunidad y la rendición de cuentas en el gobierno. Remulla enfatizó la importancia de que las condenas se ejecuten sin demora, especialmente en el caso de servidores públicos. Esta postura busca fortalecer el principio de igualdad ante la ley y asegurar que los condenados enfrenten las consecuencias de sus actos. Subraya la necesidad de una revisión de los procedimientos de fianza para personas condenadas por delitos graves.