La Agencia de Información Pública de Macedonia del Norte enfrenta críticas por dificultar el proceso de apelación ante la denegación de acceso a información pública. Los críticos argumentan que la agencia está exigiendo firmas electrónicas para las apelaciones enviadas por correo electrónico. Este requisito implica un costo económico para los ciudadanos que desean ejercer su derecho a la información. Se considera que esta medida obstaculiza el acceso a la información, especialmente para aquellos con recursos limitados. Defensores de la transparencia denuncian que la exigencia de firmas electrónicas crea una barrera financiera injustificada. La situación plantea interrogantes sobre el compromiso del gobierno con la transparencia y la rendición de cuentas. Se teme que esta política reduzca la participación ciudadana en el control de la gestión pública.