Los Países Bajos están instando a la eliminación de una normativa de la Unión Europea que exige ciertos niveles de llenado para los depósitos de gas en toda Europa. Esta normativa impone obligaciones a todos los países europeos para asegurar reservas de gas. Los Países Bajos han expresado su desacuerdo con esta regulación, presentando una propuesta para su abolición con un costo estimado de 1.14 mil millones de dólares. Alemania también enfrenta dificultades con el cumplimiento de estas exigencias. La controversia se centra en la carga financiera y operativa que representa el cumplimiento de las metas de almacenamiento para los diferentes estados miembros. La discusión pone de manifiesto las tensiones existentes dentro de la UE en cuanto a la política energética y la seguridad del suministro.